Documentos del Foro Migraciones
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Postura de Organizaciones Civiles Frente
al Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH)
Las organizaciones firmantes reconocemos el importante
paso que representa la elaboración de un Programa Nacional de Derechos
Humanos (PNDH), dentro del cual, consideramos, deben reflejarse, tanto la
necesidad de crear una política de Estado en materia de derechos humanos,
como el compromiso de asumir la responsabilidad que ello implica. Con la elaboración del PNDH el gobierno está cumpliendo
con una recomendación de la Conferencia de Viena (1993), en donde se instó a
todos los países a elaborar planes nacionales de derechos humanos. Para dar
seguimiento a esta recomendación, el Gobierno mexicano firmó un Acuerdo de
Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. La elaboración del Programa Nacional de
Derechos Humanos deriva de la segunda fase de este Acuerdo. El documento final del PNDH se presentó al presidente Vicente
Fox el día de ayer 10 de diciembre. A reserva del estudio detallado
que las organizaciones hagamos posteriormente sobre cada uno de los
temas incluidos, consideramos pertinente expresar nuestra opinión sobre
los tres siguientes puntos: I. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE
ELABORACIÓN DEL PNDH La elaboración, ejecución y evaluación de políticas
públicas implica la participación de la sociedad civil como un derecho que el
Estado debe respetar. En este sentido, el Acuerdo de Cooperación Técnica
destaca la participación de las organizaciones de la sociedad civil en su
elaboración, ejecución y seguimiento. A principios de este año, las organizaciones del Comité de
Enlace (CE) aportamos propuestas para la metodología de elaboración del PNDH.
Una vez aprobada la metodología, diversas organizaciones continuamos
participado en el diseño y contenido del mismo. Como parte del proceso para la elaboración del PNDH, se
establecieron diferentes espacios de participación de las organizaciones
civiles y los sectores de la sociedad. No obstante, estos mecanismos no
fueron suficientes para generar la convocatoria y participación adecuada en
todo el territorio nacional. Si bien el diálogo y discusión de las propuestas fue
abierto, en algunos casos no se logró la participación de todos los actores
involucrados. Tampoco en todos los casos se dieron a conocer las razones por
las cuales algunas de las propuestas no fueron incluidas de la manera en que
fueron propuestas por las organizaciones. Tal es el caso en lo relacionado
con el tema de libertad de expresión y derecho a la educación. Por lo que se refiere al acceso a los documentos relacionados
con el PNDH, si bien hubo algunos casos en que los éstos fueron entregados
sin tiempo previo para su lectura y revisión, conocimos los borradores de su
contenido, fuimos informados sobre el avance de las diferentes etapas del
proceso y pudimos presentar comentarios y propuestas. Sin embargo, aún cuando en repetidas ocasiones se solicitó
a la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia
de Derechos Humanos ciertos documentos trascendentales del PNDH para
presentar nuestra opinión al respecto, éstos no fueron enviados. Ejemplo de
ello son el documento con las acciones concretas presentado por las
dependencias del Gobierno Federal, el convenio marco con las entidades
federativas y el convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CONTENIDO Y
ALCANCE DEL PNDH El Acuerdo de Cooperación Técnica establece que uno de los
principales insumos en la elaboración del PNDH era el Diagnóstico de la
Situación de los Derechos Humanos en México ; sin embargo, en el texto del
PNDH no se alude a todas las recomendaciones del Diagnóstico. Ponemos como ejemplo la recomendación general número 21
que se refiere a reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia
indígena. Por lo que se refiere a la reforma al sistema de justicia,
lamentamos la ausencia de condiciones más apropiadas para discutir la
inclusión de las propuestas de política pública que resultaron de uno de los
proyectos de la Convocatoria Nacional para la participación de la sociedad
civil en la elaboración del PNDH. Como parte de su fundamento y razón de ser, el PNDH
debería reconocer las deficiencias estructurales que dan pie a la violación
de los derechos humanos en el país, como base para establecer las acciones
tendientes a combatirlas. Lamentablemente, esto no quedó plasmado en el
apartado ¿Dónde estamos? y, por ende, no se reflejan dichas deficiencias en
el resto del contenido del Programa. Por lo que se refiere a las "justificaciones"
que se incluyen bajo cada línea de acción, la gran mayoría de ellas se acotan
a las acciones, "avances" e intenciones del Gobierno Federal, sin
incluir evaluaciones de los programas implementados o iniciativas de reforma
presentadas, que permitan valorar la pertinencia de continuarlos o
modificarlos. En muchos casos incluso no se presentan cifras que permitan
visualizar la situación de algunos derechos, sobre todo en materia de
justicia y de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el caso de
la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuya justificación
se refiere -en gran medida- a la exposición de motivos de la iniciativa
presentada por el presidente Fox. Si bien es cierto que existe una línea de acción en donde
se habla de impulsar las distintas reformas que están en el Congreso y un
cuadro con su contenido, no se hace mención de las propuestas consensuadas en
el marco del Grupo de Reforma del Estado de la Comisión de Política
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, tal y como se había acordado
con el Secretario de Gobernación, Santiago Creel. Reiteramos, en este tema,
la necesidad de hacer un reconocimiento constitucional de los derechos
humanos acorde con los estándares internacionales incluidos en los
instrumentos ratificados por México en la materia. Por lo que se refiere a las líneas de acción, lamentamos
que en muchos de los casos éstas se establezcan sin contundencia y no
reflejen un verdadero compromiso, ello puede observarse en el uso reiterado
de verbos como "promover, fomentar, dar seguimiento, etc."; frente
a un menor uso de "garantizar, asegurar, asumir, implementar". Por otro lado, las líneas de acción, en general, son muy
amplias y no establecen a los responsables ni los mecanismos para
ejecutarlas, lo cual debió plantearse de manera que fuera más fácil
ejecutarlas, evaluarlas y medir su cumplimiento. Algunos de los retos que consideramos importantes es que
los Poderes de la Unión y los Estados se sumen a la dinámica que esperamos
genere el PNDH, especialmente el Poder Legislativo, el cual precisamente no
tiene contempladas acciones dentro del PNDH. Por ello, consideramos que el PNDH (dinámico, abierto a
necesidades y nuevas propuestas) debe ser consolidado en su etapa de
ejecución, ya que en muchos casos es poco contundente, enunciativo, acotado
en sus acciones e incluso no operativo. III. PASOS A SEGUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Si bien la obligatoriedad del PNDH es incuestionable ,
esperamos que sea asumido con la responsabilidad que se requiere, incluso más
allá del mismo PNDH, a fin de ir abonando la consolidación de una de las
obligaciones primordiales del Estado mexicano: la construcción de una
política de estado en materia de derechos humanos. Una de las consecuencias del proceso que implica el
proceso del PNDH es el fortalecimiento de los mecanismos de interlocución,
incluyendo la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos y la creación de espacios similares en las entidades federativas para
abrir el diálogo y la construcción conjunta con la sociedad civil, así como
la coordinación de actividades en los tres niveles de Gobierno. En cuanto al seguimiento y evaluación del PNDH, en su
texto se establece la creación del Comité Coordinador de Seguimiento y
Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos en el que se prevé la
participación de la sociedad civil. Esperamos que esta disposición sea puesta
en práctica a través del establecimiento de un mecanismo participativo y
eficaz. Adicionalmente al seguimiento que este Comité de al
cumplimiento del PNDH es muy importante que todos los sectores de la sociedad
civil vigilen de cerca su ejecución y que se dé cumplimiento también a
aquellas demandas que por diversas razones no están contempladas en el
Programa Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de dar
seguimiento a la ejecución del PNDH y de acompañar al Estado en el
cumplimiento de sus obligaciones para el respeto, promoción y protección de
todos los derechos humanos. Organizaciones Firmantes 11 de diciembre de 2004
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Comunicado de Organizaciones de la
Sociedad Civil, Frente a la Ratificación del Doctor José Luis Soberanes
Fernández, como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Las organizaciones y redes de la sociedad civil que
trabajamos en diferentes temáticas como son la equidad y género, los derechos
de las niñas y niños, los del medio ambiente, la promoción de la democracia,
educación y desarrollo social, lamentamos la decisión de la Comisión que
usted preside y el voto en el Senado de la República para ratificar al Doctor
José Luis Soberanes Fernández, como Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para el período 2004-2009. Consideramos que esta ratificación augura otros cinco años
de estancamiento y simulación en la promoción y realización de los Derechos
Humanos en México, un ámbito de gran trascendencia para el avance democrático
del país. Nos preocupa particularmente y desde nuestros ámbitos de
trabajo, la falta de interés y compromiso mostrados en la gestión que
concluye en la CNDH respecto de los derechos de la población indígena, de las
mujeres, de la infancia, de la población lésbico-gay y de los migrantes. Nos preocupa también la falta de interés mostrada para
promover la ampliación de los campos de intervención de la CNDH, lo que seguramente
postergará los necesarios y urgentes cambios legislativos en materia de
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos económico, sociales,
culturales y ambientales Nos preocupa el desinterés mostrado e incluso los
obstáculos creados por el propio Dr. Soberanes en la construcción y
desarrollo de una proceso colectivo y abierto a la participación como fue la
elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en
México en el marco del convenio de la Oficina del alto Comisionado de las
Naciones Unidas con el Gobierno de México. La no aceptación del Dr. Soberanes
a participar y opinar tensó las relaciones institucionales en torno a la
elaboración del Diagnóstico, postergó la iniciación de los trabajos y bloqueó
la necesaria comunicación con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos
sobre las cuales ejerce un inconveniente y poco respetuoso control. Esto nos
indica que seguramente se opondrá a la construcción de una política de Estado
y un programa para la promoción y respeto de los derechos humanos en México,
a menos que esta sea elaborada en su costosa oficina. Nos preocupa también que la ratificación del Senado premie
una conducta poco transparente, discrecional y clientelar de los recursos
públicos para mantenerse en el poder y que una vez más el Senado nos reitere
con sus decisiones que el empeño puesto por la sociedad para lograr una
transición pacífica a la democracia sólo sirvió para que las cosas siguieran
igual e incluso, como en el caso que nos ocupa y en la selección de los
Consejeros del IFE, para que se den lamentables regresiones. Finalmente las organizaciones firmantes deploramos que el
Senado de la República no haya ponderado la exigencia de mantener equidad en
el proceso de designación del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, tal y como muchas organizaciones de la sociedad civil se lo
solicitamos directamente y en repetidas ocasiones, a través de la opinión
pública. Firman: 28 de octubre de 2004
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Comentarios al Programa
Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los
Migrantes incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias En los últimos años, la migración ha cobrado gran
importancia en el continente americano y se ha convertido en uno de los temas
prioritarios de la agenda regional. Los países americanos son el escenario de
amplios movimientos humanos que son impulsados por una diversidad y
complejidad creciente de factores. Para algunas comunidades, la migración se
ha vuelto una forma de reproducción y estamos presenciando la gestación de
comunidades transnacionales. Las políticas migratorias deben tener una perspectiva
internacional e incluir acciones específicas en los ámbitos local, nacional,
binacional, regional e internacional. Uno de sus ejes transversales debe ser
el respeto a los derechos humanos, especialmente en el combate al tráfico y a
la trata de personas. La cooperación entre países de origen, destino y
tránsito, debe ser un elemento sustancial en momentos en que conceptos como
el de la corresponsabilidad son claves . En este contexto, cobra gran importancia la iniciativa de
establecer un programa interamericano para la promoción y protección de los
derechos humanos de las personas migrantes en el marco de la Organización de
Estados Americanos. Iniciativa que sin duda será un gran avance en garantizar
los derechos de las personas migrantes en el continente, a la vez que
fortalecerá las actividades del sistema interamericano de derechos humanos. Comentarios al texto del Programa En el tema de la migración, el derecho a las garantías
judiciales y la protección judicial juega un papel principal. En primera
instancia, para garantizar que las personas migrantes tengan acceso real a la
justicia y puedan activar los diversos mecanismos estatales de protección a
sus derechos. Es importante que los migrantes puedan denunciar y que tengan,
posteriormente, un procedimiento justo e imparcial tanto en lo referente a
los procesos migratorios, como a otros procesos judiciales o administrativos
en los que se vean involucrados. Es igualmente importante que se valore la libertad de los
migrantes durante los procesos migratorios, que con frecuencia los privan de
la libertad, en ocasiones por tiempos indefinidos. El acceso a la justicia y el derecho al debido proceso
están íntimamente relacionados con el cumplimiento de los dos primeros
objetivos del Programa. Por un lado, puesto que las políticas públicas, la
legislación y las prácticas deben facilitar el acceso de los migrantes a la
justicia y deben establecer claramente los procedimientos y mecanismos
ligados a un proceso migratorio. Por el otro lado, debido a la necesidad de capacitar a los
migrantes sobre sus derechos con el propósito de que se asuman como sujetos
de derecho y de que conozcan los mecanismos existentes para poder hacer
exigibles esos derechos. En muchas de las ocasiones, las violaciones a los
derechos de las personas migrantes se dan por el desconocimiento que tienen
de sus derechos, o bien porque consideran que no tienen derechos por el hecho
de estar fuera de sus país o de no contar con los documentos migratorios
adecuados. En este marco, destaca la obligación de los Estados de
respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas dentro de su
territorio. Asimismo, la Opinión Consultiva 18 es muy clara en enfatizar que
la condición migratoria de una persona no puede constituir una justificación
para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los
de carácter laboral. Gran relevancia cobra también para el cumplimiento de
estos objetivos la cooperación y las actividades conjuntas que los gobiernos,
la academia y las organizaciones civiles puedan emprender tanto en términos
del establecimiento y la evaluación de políticas públicas, legislación y
prácticas, como en términos de actividades de capacitación y sensibilización.
Es necesario también que se facilite el acceso de las
organizaciones de la sociedad civil a los diferentes centros de detención
migratoria, para llevar a cabo actividades de capacitación y brindar asesoría
y apoyo jurídico. Respecto al tema de la capacitación, es necesario también
incluir un apartado sobre el fortalecimiento institucional. Asimismo, la
capacitación debe también incluir los temas de refugio y trata de personas,
con el objetivo de que tanto las autoridades migratorias como las
organizaciones civiles puedan detectar posibles solicitantes de refugio o
víctimas de trata y puedan brindarles la asesoría y el trato adecuado. Propuestas y actividades concretas Dada las crecientes migraciones de niños, niñas y
adolescentes, y considerando los factores de riesgo que enfrenta este sector
de la población migrante, destaca la necesidad de que en la elaboración de un
Programa de esta índole haga especial énfasis en las necesidades y
características especiales de este sector. Por ello, las actividades que se enumeran dentro del texto
del programa deben poner especial énfasis en los niños, las niñas y los
adolescentes migrantes. Asimismo, se debe considerar la inclusión de
actividades para el establecimiento de modelos de atención y procedimientos
de detención, deportación y recepción de esta población. Especial énfasis debe hacerse también en los casos de
migrantes víctimas de violaciones graves a derechos humanos y de víctimas de
la trata de personas. Para ellas, deben establecerse programas especiales de
protección que incluyan la atención médica y psicológica; la asesoría
jurídica y el acceso a la regularización migratoria (incluyendo permisos para
trabajar). Mejores prácticas Actualmente se tienen cifras estimadas de los flujos
migratorios en el continente. Para poder dimensionar el fenómeno, es
necesario conocer la composición demográfica de la región, así como el número
de entradas y salidas tanto en los países de origen como en los de tránsito y
destino. Para ello, se puede crear un grupo de trabajo que, aprovechando los
esfuerzos regionales existentes, diseñe una herramienta que pueda ser
utilizada para la obtención de estos datos. Ejemplo de estos esfuerzos es la
encuesta que El Colegio de la Frontera Norte aplica a migrantes en diversos
puntos de la frontera México - Estados Unidos. El Objetivo III del programa sobre "Incorporar a las
discusiones y actividades de las instancias y organismos intergubernamentales
la protección y garantía de los derechos humanos de las personas
migrantes." Incluye en sus actividades la de "Apoyar iniciativas
para desarrollar estándares regionales para la protección de los derechos
humanos de las personas migrantes." En este sentido, la Red Regional de
Organizaciones Civiles para las Migraciones pone a disposición del grupo de
trabajo encargado de elaborar este Programa, el documento de los Lineamientos
Regionales para la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en
Situaciones de Verificación del Estatus Migratorio, Detención, Deportación, y
Recepción. Los Lineamientos Regionales surgieron a partir de la
propuesta que la Red Regional hiciera en el marco de la Conferencia Regional
de Migración para desarrollar un conjunto de "Estándares Mínimos"
regionales para la protección de los derechos humanos de los migrantes y
refugiados en las diferentes etapas del proceso migratorio. La versión final
de los Lineamientos Regionales integra las sugerencias de los Estados, así
como comentarios de organizaciones regionales e internacionales y la
referencia a los instrumentos internacionales. El texto de los Lineamientos Regionales incluye 98
principios generales a ser considerados para garantizar el respeto a los
derechos humanos de la población migrante tanto en los países de origen como
en los de tránsito y destino. Por último, quiero agradecer nuevamente el espacio y
reiterar la importancia que reuniones como esta tienen en el marco del
fomento del diálogo y el intercambio de experiencias entre los organismos
regionales e internacionales, los representantes de los gobiernos y los
miembros de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. Reitero, a nombre de la Red Regional de Organizaciones
Civiles para las Migraciones y de otras organizaciones civiles el compromiso
y la disposición de continuar participando en los avances para la elaboración
de este Programa. Foro Migraciones
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Boletín de Prensa: ORGANISMOS DE
DERECHOS HUMANOS EXIGEN GARANTÍAS POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA
CONTINUAR EL PROCESO DE DIÁLOGO Las organizaciones de la Sociedad Civil que participan en
la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos
(Comisión) fuimos convocadas por SEGOB para formar parte de un grupo de
trabajo denominado Reforma del Estado que tenía como objetivo elaborar una
iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos. Las
organizaciones del Comité de Enlace que han participando en esta Comisión Y
que forman parte del marco del Acuerdo de Cooperación Técnica celebrado entre
el Altocomisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
y el gobierno mexicano elaboraron un documento con las reformas mínimas
necesarias para dar inicio a una reforma integral en materia de derechos
humanos. Esta propuesta fue discutida con SEGOB hasta que se llegó a una
iniciativa consensuada, que si bien no representaba una reforma integral, si
abría la puerta a un proceso para establecer los estándares internacionales
en materia de derechos humanos en la Constitución mexicana. Sorpresivamente, el pasado lunes 26 de abril el presidente
Vicente Fox presentó una iniciativa que se aleja del espíritu y letra no sólo
de las propuestas iniciales del Comité de Enlace, sino de la consensuada en
el grupo de trabajo sobre Reforma del Estado con SEGOB, dejando de lado un
proceso de diálogo que las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno
federal a través de la Comisión y en particular, de su secretaría técnica
(SEGOB) han venido construyendo, lo cual a su vez mina la confianza en los
mecanismos de diálogo que el gobierno federal ha propuesto para abordar los
temas relativos a derechos humanos. El gobierno ha iniciado un proceso en el cual asume su
responsabilidad de establecer espacios de diálogo con las organizaciones de
la sociedad civil; sin embargo, continua sin respetar los acuerdos que en
dichos espacios son tomados, la iniciativa presentada por Fox es uno de los
ejemplos de esta falta de compromiso. Con lo ocurrido, el Ejecutivo federal
puso en cuestión la credibilidad que tanto la sociedad nacional como la
comunidad internacional colocó en su discurso en materia de derechos humanos
y en los compromisos asumidos al firmar el Acuerdo de Cooperación Técnica. Puso
en cuestión y en riesgo la interlocución con los organismos de derechos
humanos que están apostando a la participación corresponsable en la
construcción e impulso conjunto de cambios de fondo en el modelo y prácticas
de Estado que no corresponden al modelo democrático. Si bien es cierto que el contenido de la iniciativa
presentada toca aspectos que durante años la sociedad ha exigido al gobierno,
con el proceder del ejecutivo federal respecto de las organizaciones civiles
se reedita lo ocurrido con otras importantes iniciativas de derechos humanos,
como lo fueron los proyectos de reforma laboral, de reforma constitucional en
materia indígena y la reforma de Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) en
los que después de haberse comprometido a defender e impulsar ante el Poder
Legislativo iniciativas construidas en diálogo con los sectores involucrados,
se ignoraron los compromisos asumidos con las organizaciones sindicales y
pueblos indígenas, respectivamente. Entre otros ejemplos claros que se suman al doble discurso
que en materia de derechos humanos ha mantenido la actual administración son
la reforma al artículo 133 constitucional y la presentación de la iniciativa
de reforma al sistema de justicia. En el primer caso, después de meses de
diálogo entre las dependencias de gobierno, sectores académicos y
organizaciones de la sociedad civil se logró un consenso, del cual todos los
sectores quedaron complacidos; sin embargo, el Ejecutivo no presentó ninguna
iniciativa al respecto, argumentando que los principios ahí consensuados se
verían reflejados en la propuesta que hace unos días se presentó por parte de
Vicente Fox, lo cual no es cierto. En el segundo caso, considerando que la reforma al sistema
de justicia es un eje toral de las recomendaciones del Diagnóstico sobre
Derechos Humanos en México elaborado por la oficina del Alto Comisionado de
la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,
del cual debe emanar el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), era
fundamental incluir el proceso de reforma de justicia dentro de la
elaboración de este programa, o al menos consultarlo con las organizaciones
que durante muchos años hemos pugnado por esta reforma. A las organizaciones del Comité de Enlace nos parecen
particularmente graves estos antecedentes, ya que este mecanismo de
interlocución será el mismo que se utilizará para elaborar el PNDH, y según
los resultados vistos, lo que allí se decida no se verá reflejado finalmente
en los compromisos que asuma el gobierno. Lo grave es que, frente a lo dicho el lunes pasado por el
Presidente Fox al momento de firmar la iniciativa referida en el sentido de
que "Nadie puede acusar hoy al Gobierno del cambio democrático de
violentar los derechos humanos...", existen importantes evidencias de
que contradicen su afirmación, las cuales pueden encontrarse en el
Diagnóstico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), las numerosas quejas recibidas y documentadas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y los organismos internacionales. Así como todas
aquellas violaciones que constituyen el mayor número que no son denunciadas
por la población debido a la desconfianza por ineficaces frente a las
instituciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, responsables
de la protección de sus derechos humanos. Situación que exige con urgencia ya
no discursos alejados de la realidad sino una verdadera política de Estado
que asegure respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Ello sin
contar la falta de cumplimiento federal de los derechos económicos, sociales
y culturales del pueblo mexicano. Por ello, las organizaciones firmantes expresamos nuestro
descontento frente al Ejecutivo Federal en virtud de que no nos está
considerando como interlocutores válidos. Nos preocupa que se mantenga un
doble discurso y se hable de procesos de democratización y respeto a los
derechos humanos cuando en la práctica ha primado el violentar los acuerdos
tomados, dañando seriamente de fondo las iniciativas y propuestas que podrían
llevar a que se dé un cambio estructural en el país que realmente garantice
procesos democráticos y el respeto a los derechos humanos. Tomando en cuenta que el gobierno mexicano se encuentra en
un proceso de elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH),
esta y cualquier otra iniciativa elaborada por el Ejecutivo deberá ir acorde
con los principios que le fueron presentadas a SEGOB en un documento de
metodología elaborado por el Comité de Enlace. Por todo lo anterior, reiteramos lo siguiente: 1. Nuestra solicitud de una reunión urgente con el
Secretario de Gobernación con el propósito de que nos garantice las
condiciones necesarias para estar en posibilidad de volver a un diálogo constructivo
con el Ejecutivo Federal 2. Que el Poder Ejecutivo envíe a la Cámara de Senadores
una iniciativa complementaria que enmiende la ya presentada, a fin de
devolverle al menos el contenido acordado con las organizaciones que
participaron en su elaboración. Organizaciones firmantes Organizaciones que participan en la Comisión de Política
Gubernamental: 29 de abril del 2004
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Comunicado de prensa del Foro
Migraciones sobre el Informe de la Relatoría Especial de Trabajadores
Migratorios y de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos En cumplimiento de su mandato, la Relatoría de
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión
interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó México entre el 25 de julio
y el 1 de agosto de 2002. Producto de la visita, elaboró un Informe que los
miembros del Foro Migraciones presentamos y comentamos a continuación: Aspectos generales del Informe: El Informe se compone de 10 secciones más las conclusiones
y recomendaciones. Si bien hace algunas menciones a la migración de
nacionales a los Estados Unidos, se centra principalmente en la situación que
prevalece en México con respecto a los derechos de los migrantes que trabajan
en nuestro país o utilizan nuestro territorio en su tránsito. Así, una parte
sustancial de las conclusiones y recomendaciones esta dedicada a la
observancia del principio del debido proceso en la normativa nacional y por
parte de diferentes dependencias del gobierno mexicano; a las condiciones de
privación de la libertad de los migrantes y señala también algunas buenas
prácticas
Al respeto, el Foro Migraciones señala
el caso de los guatemaltecos que se regularizaron en el marco de los
programas 2000 y 2001 y no han podido mantener su estatus migratorio por
falta de apoyo del gobierno guatemalteco para acceder a su pasaporte a bajo
costo.
Para avanzar en el cumplimiento de esa
recomendación, el Foro Migraciones señala la urgencia de avanzar en el retiro
de reservas (especialmente las relativas al artículo 33 constitucional) y la
armonización del marco legal mexicano con los instrumentos internacionales
relevantes, como la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los Refugiados entre otros.
El Foro Migraciones considera
importante el cumplimiento de esas recomendaciones y la adopción de medidas
concretas, especialmente después de la emisión, a solicitud específica del
gobierno mexicano, de la Opinión Consultiva No. 18 relativa a los derechos
laborales de los trabajadores migratorios. El gobierno mexicano en días
recientes envió al gobierno de los Estados Unidos, comunicados para que
actuara conforme al estándar internacional señalado en la OC18. En este
sentido, hacemos el mismo llamado a las autoridades competentes del gobierno
mexicano para actuar congruentemente frente a esta problemática.
El Foro Migraciones destaca la
necesidad de establecer la tipificación adecuada en el ordenamiento legal
pertinente de acuerdo a la Convención y Protocolos de Palermo y reconociendo
que la trata de personas no es un delito migratorio. Asimismo, insiste en la
necesidad de desarrollar urgentemente programas de capacitación y mecanismos
para la identificación de víctimas de la trata y programas especiales para su
protección.
No-discriminación:
Principio de
legalidad:
Prohibición de
expulsiones colectivas:
Privación de la
libertad:
Respecto de la reparación del daño, el
Foro Migraciones quiere señalar que en el caso de Luis Castillo, ocurrido
hace cerca de dos años, a pesar de múltiples intentos de negociación con el
Instituto nacional de Migración, con la mediación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, a la fecha no ha sido posible llegar a un acuerdo
satisfactorio para la víctima.
A manera de conclusión, el Foro
Migraciones considera que el Informe ratifica la mayoría de las
observaciones, quejas y propuestas presentadas por las organizaciones civiles
en múltiples ocasiones. Que representa un avance en el análisis de la
situación de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran
trabajando o de paso en México. Destaca muy claramente los obstáculos a
sortear y hace propuestas concretas tanto en materia legislativa como en
torno a la práctica de las dependencias de nuestro gobierno, aunque cabe
señalar que se centra más en la fronteras sur, olvidada por muchos años, que
en la frontera norte, con lo que queda por analizar la situación de esa zona
fronteriza y las responsabilidades de nuestro gobierno en su atención. El Informe de la Relatoría Especial de
la CIDH, es una oportunidad para el gobierno mexicano de plasmar y
materializar los tantos compromisos internacionales que ha suscrito. Puede
contribuir de una manera importante al establecimiento de una política y una
agenda migratoria respetuosa de los derechos humanos. A cuatro meses de la entrada
en vigor de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Foro Migraciones
reitera la necesidad de una agenda concreta de trabajo y su voluntad de
colaborar en su desarrollo. Foro Migraciones
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El Foro Migraciones se pronuncia
entorno a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos OC-18 Las organizaciones y personas que formamos parte del Foro
Migraciones nos manifestamos en torno a la opinión consultiva que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitió el 25 de septiembre, sobre la "Condición
jurídica y derecho de los migrantes indocumentados (OC-18)" Como es de conocimiento público, el 10 de mayo del 2002 el
Gobierno de México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
se pronunciara respecto a la incompatibilidad entre decisiones y prácticas de
órganos gubernamentales de un Estado, basadas en la situación migratoria
irregular de las personas, y la obligación de los Países Miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) de garantizar los principios de
igualdad jurídica y no discriminación, consagrados en numerosos instrumentos
internacionales de derechos humanos. El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) planteó la inaceptabilidad, a la luz del derecho
internacional, de la privación de derechos fundamentales de los trabajadores
migratorios - incluidos los laborales- bajo el solo fundamento de su
situación de indocumentados. En la resolución presentada, la Corte Interamericana
acogió la tesis sobre la obligación básica de todos los Estados de respetar y
garantizar los derechos humanos consagrados en diversos instrumentos
internacionales, como atributos inherentes a la dignidad humana y que son de
respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los migrantes,
independientemente de su estatus migratorio. Esta resolución sienta un precedente que debiera ser
retomado por los Estados a través de su incorporación en sus legislaciones y
prácticas internas. Las organizaciones y personas del Foro Migraciones
coincidimos plenamente con la Corte sobre la aplicación de los principios de
igualdad ante la ley y no discriminación, al reconocer "...que en
ciertas ocasiones se permite hacer distinciones legales entre nacionales y
extranjeros, como en lo relativo al ejercicio de derechos políticos. Sin
embargo, la Corte establece con toda nitidez que dichos tratados diferenciados
no pueden, bajo ninguna circunstancia, desembocar en actos de autoridad que
vulneren la dignidad y los derechos fundamentales del ser humano. En
particular, la OC-18 aclara que la distinción legal no puede desembocar en
una discriminación, por definición violatorias de los derechos humanos y de
los principios más elementales de un Estado democrático de derecho."
Lo anterior, se interpreta en el sentido de que los
derechos laborales de los trabajadores migratorios indocumentados no pueden
sustentarse sobre su situación migratoria, sino sobre el principio básico de
la igualdad ante la ley y el goce de los derechos humanos. Asimismo, la Corte en su resolución incluye once
recomendaciones para los Estados miembros de la OEA, entre las cuales
destacan, por su impacto para los trabajadores migratorios en México y
mexicanos en el exterior:
Por lo anterior, exigimos al gobierno mexicano que sus
leyes, políticas y prácticas cumplan con las recomendaciones de la Corte y
con lo establecido en la Convención Internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Asimismo,
instamos a que considere los compromisos internacionales que México ha ratificado
respecto de los derechos humanos de los migrantes. Foro Migraciones
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El Foro Migraciones se pronuncia
respecto a la situación de los migrantes en México y los efectos que el
incremento de las medidas de seguridad han tenido y tendrán en materia de
derechos humanos Las organizaciones y personas que formamos parte del Foro
Migraciones hemos manifestado en diversas ocasiones nuestra preocupación por
la situación de riesgo e inseguridad en que las operaciones de seguridad y
control fronterizo ponen a los migrantes que cruzan las fronteras mexicanas
en busca de una mejor calidad de vida en México o en Estados Unidos. Asimismo, nos preocupa que en México y Estados Unidos el
tema migratorio se vincule al de la seguridad, que se criminalice al migrante
y se le trate como potencial terrorista y amenaza a la seguridad nacional. La tendencia a reforzar las operaciones de vigilancia en
las fronteras no es nueva, y ha fracasado en su objetivo de frenar la
migración. Lejos de ello, ponen en riesgo la vida de los migrantes al
orillarlos a tomar rutas más aisladas y peligrosas. Asimismo, alientan la
corrupción en las autoridades y el abuso de los polleros. En este marco, nos
preguntamos ¿por qué insiste el gobierno estadounidense en dar cada vez más
presupuesto y recursos humanos a estas operaciones? Y le preguntamos al
gobierno de México ¿por qué también en la frontera sur se han establecido
este tipo de controles fronterizos? ¿por qué seguir exigiendo del país vecino
del Norte un cambio que México no ha ejercido en su frontera Sur? |
